El concepto de pago por servicios ambientales que prestan el bosque y las plantaciones forestales, que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del ambiente, es un instrumento de política muy novedoso, que se viene implementando desde hace unos años y se fortalece en la nueva Ley Forestal de 1996. Este hecho es muy significativo tanto en política ambiental como en la económica, pues por primera vez se reconoce en una ley nacional que los bosques proveen bienes y servicios que deben ser retribuidos, además de la madera y la tierra para la agricultura, y que es necesario valorar adecuadamente, aunque para muchos de ellos no exista un mercado tradicional.
La Ley Forestal de 1986 (No. 7032) democratiza los programas de incentivos en materia de manejo de recursos naturales, ampliando los incentivos de deducción de impuestos sobre la renta existentes desde 1979, y crea los Certificados de Abono Forestal, como títulos valor nominativos. Posteriormente, estos incentivos fueron ratificados en la Ley Forestal de 1990 (Nº7174), poniéndose en operación en cuatro categorías, a saber:
Certificado de Abono Forestal (CAF): se dirige a promover las plantaciones forestales con fines comerciales.
Certificado de Abono Forestal por Adelantado (CAFA): se dirige a pequeños y medianos propietarios interesados en reforestación y pertenecientes a organizaciones de base.
Certificado de Manejo de Bosque Natural (CAFMA): promueve el manejo del bosque sujeto a explotación comercial mediante prácticas silviculturales.
Certificado para Protección de Bosque (CPB): dirigido a promover el incremento del área y permanencia del bosque natural en áreas de importancia para producción de agua potable, áreas protegidas o corredores biológicos.
La actividad de reforestación fue la de mayor promoción en la década de los 80 y principios de los 90, mientras que en la actualidad se promueven principalmente acciones dirigidas a recuperación y conservación de bosques (Cuadro 1). Esto responde principalmente a la política nacional de disminuir la tasa de deforestación que en los últimos 4 años se mantiene en un promedio de 14000 ha. por año, después de estar en 50000 ha./año en la década de los 80 e inicios de los 90. Se puede decir entonces que se está dando a partir de 1992 un balance positivo entre la deforestación y la reforestación.
El concepto de servicio ambiental, desarrollado en la nueva Ley Forestal Nº. 7575, plantea el pago a propietarios de bosque y reforestadores, como una compensación por el servicio que sus actividades ofrecen a la sociedad en general. Esta Ley estableció el marco no sólo para el desarrollo de proyectos de implementación conjunta, sino que además posibilitó el fortalecimiento del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), como una institución especializada en el manejo de mecanismos de financiamiento de acciones de recuperación, manejo y conservación de bosques, dotando al programa de incentivos forestales, de una estructura organizativa más adecuada.
La Ley Forestal de 1986 (No. 7032) democratiza los programas de incentivos en materia de manejo de recursos naturales, ampliando los incentivos de deducción de impuestos sobre la renta existentes desde 1979, y crea los Certificados de Abono Forestal, como títulos valor nominativos. Posteriormente, estos incentivos fueron ratificados en la Ley Forestal de 1990 (Nº7174), poniéndose en operación en cuatro categorías, a saber:
Certificado de Abono Forestal (CAF): se dirige a promover las plantaciones forestales con fines comerciales.
Certificado de Abono Forestal por Adelantado (CAFA): se dirige a pequeños y medianos propietarios interesados en reforestación y pertenecientes a organizaciones de base.
Certificado de Manejo de Bosque Natural (CAFMA): promueve el manejo del bosque sujeto a explotación comercial mediante prácticas silviculturales.
Certificado para Protección de Bosque (CPB): dirigido a promover el incremento del área y permanencia del bosque natural en áreas de importancia para producción de agua potable, áreas protegidas o corredores biológicos.
La actividad de reforestación fue la de mayor promoción en la década de los 80 y principios de los 90, mientras que en la actualidad se promueven principalmente acciones dirigidas a recuperación y conservación de bosques (Cuadro 1). Esto responde principalmente a la política nacional de disminuir la tasa de deforestación que en los últimos 4 años se mantiene en un promedio de 14000 ha. por año, después de estar en 50000 ha./año en la década de los 80 e inicios de los 90. Se puede decir entonces que se está dando a partir de 1992 un balance positivo entre la deforestación y la reforestación.
El concepto de servicio ambiental, desarrollado en la nueva Ley Forestal Nº. 7575, plantea el pago a propietarios de bosque y reforestadores, como una compensación por el servicio que sus actividades ofrecen a la sociedad en general. Esta Ley estableció el marco no sólo para el desarrollo de proyectos de implementación conjunta, sino que además posibilitó el fortalecimiento del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), como una institución especializada en el manejo de mecanismos de financiamiento de acciones de recuperación, manejo y conservación de bosques, dotando al programa de incentivos forestales, de una estructura organizativa más adecuada.
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