Delitos Ambientales, el Impacto Social y su Medio de Valoración

El delito ambiental es un delito social, pues afecta las bases de la existencia social económico, atenta contra las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, pone en peligro las formas de vida autóctonas en cuanto implica destrucción de sistemas de relaciones hombre - espacio.
Para una evaluación ecológica del daño ambiental, es necesario establecer el estado de conservación que explica la condición del factor en relación con su capacidad para garantizar los procesos necesarios para su continuidad y funcionamiento. Para ello se requiere disponer de una serie de criterios que pueden variar de acuerdo a la región donde se presentó el daño, dado que las características de los recursos naturales no son homogéneas ni han tenido el mismo nivel de alteraciones con el pasar del tiempo. Estos criterios deben ser ponderados de acuerdo a la importancia que cada uno tiene en la explicación de la condición del sitio afectado.
Conociendo el cambio en el estado de conservación del sitio afectado, es posible definir el proceso de restauración que se requiere. Este, y sus costos, está determinada por la magnitud del daño ocasionado, las características del recurso natural, el tiempo de la restauración y el área afectada. Se espera que restaurado el capital natural, brinde nuevamente los flujos de bienes y servicios que benefician a la población. Dado que una acción específica puede afectar uno o más recursos naturales a la vez, el costo total debe ser la suma de todos los costos particulares asociados a la restauración de cada recurso afectado.
Para una mayor efectividad en la valoración del daño ambiental y una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles (financieros, humanos, institucionales, etc.), es conveniente que se dé una adecuada y cercana coordinación institucional entre las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales), así como entre los diferentes sectores de la sociedad. Esto implica establecer mecanismos de intercambio de información pertinente y relevante para los propósitos de la evaluación económica de daños ambientales en Costa Rica. Además, ayudaría incorporar estos procesos dentro de los quehaceres institucionales.-